El 27 de enero, José Luis, de 30 años era apuñalado por un grupo de neonazis vinculados a la peña Yomus, los ultras del Valencia C.F. Una docena de neonazis se presentó en las inmediaciones de la valenciana plaza del Cedro con intención de agredir a unos jóvenes. José Luis, que estaba en un bar, se vio entonces envuelto en la refriega y recibió una puñalada en el pecho que a punto estuvo de costarle la vida. Fue trasladado inmediatamente al Hospital Clínico, donde le salvaron la vida. Días más tarde la Policía Nacional detenía a tres jóvenes de 19 años y a otro de 20 años, acusado de ser el autor material de la puñalada. El agresor fue detenido en la Estación del Norte junto con un grupo de ultras de los Yomus cuando se disponían a viajar a Madrid para asistir a un partido.
Semanas más tarde se repetían en distintos puntos de la ciudad agresiones con el mismo modus operandi: grupos de una decena de neonazis en dos vehículos rondaban zonas de bares para, una vez localizada una víctima que se encontrara sola, atacarla. Tres fueron las víctimas, una de las cuales tuvo que permanecer hospitalizada dos días.
Una semana después de la agresión de la Plaza del Cedro, la familia de la víctima y la plataforma Acció Popular Contra la Impunitat (APCI), compuesta por una treintena de entidades políticas, sociales y culturales, denunciaban los hechos y se mostraban escandalizados ante la puesta en libertad con cargos del autor material del apuñalamiento. Un portavoz de la familia denunció que ésta se sentía “desprotegida” e “indefensa”.
APCI, que se presenta como acusación popular en los procesos judiciales contra grupos fascistas, anunció que se personaría también en esta causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Valencia. Coincidiendo con esta agresión, la plataforma recordó que en 2007 se produjeron 600 agresiones vinculadas a la extrema derecha en 27 municipios del País Valenciano. Sin embargo, el delegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, negaba que se estuviese produciendo un auge de agresiones neonazis en el País Valenciano y las limitaba “hasta sólo 10”.
Apenas una semana más tarde, el 9 de febrero, un joven vinculado a movimientos antifascistas era atacado en una calle de Castellón al grito de “rojo de mierda, te vamos a matar”. Los agresores, cuatro jóvenes neonazis, marcaron a la víctima con una navaja una esvástica en la cara. La noche anterior un grupo de nueve ultras había atacado un local de ocio de Castellón lanzando piedras contra los cristales. Tres de los agresores fueron retenidos y, a la llegada de la Policía Local, detenidos. Esa misma noche quedaban en libertad.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 50 de Madrid ha levantado el secreto de sumario en el asesinato de Carlos Javier Palomino a manos de un militar ultra el pasado 11 de noviembre. Así las partes personadas han podido acceder al visionado de las grabaciones de Metro de Madrid que registraron lo sucedido. Según fuentes que han accedido a las imágenes “no dejan lugar a dudas, se trata de un asesinato y no de un homicidio. El militar atacó sin que mediara provocación alguna”. La familia de Carlos, personada como acusación particular, ha intentado llevar el caso a la Audiencia Nacional apelando a la figura de terrorismo individual recogida en el artículo 577 del Código Penal. La petición, tras recabar en el Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional –del que es titular el juez Grande- Marlaska–, fue desestimada. El caso pasará a la Audiencia Provincial de Madrid en las próximas semanas, aunque todavía cabe la posibilidad de interponer recurso contra la decisión de Marlaska.
Semanas más tarde se repetían en distintos puntos de la ciudad agresiones con el mismo modus operandi: grupos de una decena de neonazis en dos vehículos rondaban zonas de bares para, una vez localizada una víctima que se encontrara sola, atacarla. Tres fueron las víctimas, una de las cuales tuvo que permanecer hospitalizada dos días.
Una semana después de la agresión de la Plaza del Cedro, la familia de la víctima y la plataforma Acció Popular Contra la Impunitat (APCI), compuesta por una treintena de entidades políticas, sociales y culturales, denunciaban los hechos y se mostraban escandalizados ante la puesta en libertad con cargos del autor material del apuñalamiento. Un portavoz de la familia denunció que ésta se sentía “desprotegida” e “indefensa”.
APCI, que se presenta como acusación popular en los procesos judiciales contra grupos fascistas, anunció que se personaría también en esta causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Valencia. Coincidiendo con esta agresión, la plataforma recordó que en 2007 se produjeron 600 agresiones vinculadas a la extrema derecha en 27 municipios del País Valenciano. Sin embargo, el delegado del Gobierno, Luis Felipe Martínez, negaba que se estuviese produciendo un auge de agresiones neonazis en el País Valenciano y las limitaba “hasta sólo 10”.
Apenas una semana más tarde, el 9 de febrero, un joven vinculado a movimientos antifascistas era atacado en una calle de Castellón al grito de “rojo de mierda, te vamos a matar”. Los agresores, cuatro jóvenes neonazis, marcaron a la víctima con una navaja una esvástica en la cara. La noche anterior un grupo de nueve ultras había atacado un local de ocio de Castellón lanzando piedras contra los cristales. Tres de los agresores fueron retenidos y, a la llegada de la Policía Local, detenidos. Esa misma noche quedaban en libertad.
Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 50 de Madrid ha levantado el secreto de sumario en el asesinato de Carlos Javier Palomino a manos de un militar ultra el pasado 11 de noviembre. Así las partes personadas han podido acceder al visionado de las grabaciones de Metro de Madrid que registraron lo sucedido. Según fuentes que han accedido a las imágenes “no dejan lugar a dudas, se trata de un asesinato y no de un homicidio. El militar atacó sin que mediara provocación alguna”. La familia de Carlos, personada como acusación particular, ha intentado llevar el caso a la Audiencia Nacional apelando a la figura de terrorismo individual recogida en el artículo 577 del Código Penal. La petición, tras recabar en el Juzgado de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional –del que es titular el juez Grande- Marlaska–, fue desestimada. El caso pasará a la Audiencia Provincial de Madrid en las próximas semanas, aunque todavía cabe la posibilidad de interponer recurso contra la decisión de Marlaska.
Periódico Diagonal
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