Desde la Juventud Comunista queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo a lo sucedido el pasado 28 de marzo en el distrito obrero de Vallekas cuando una manifestación no autorizada de neonazis quiso promover el odio racista en uno de los barrios con más tradición de lucha social y multicultural de la Comunidad.
Pese a que todo apuntaba a que la provocación del fascismo tendría consecuencias negativas para la convivencia, la marcha racista no sólo fue legalizada por la Delegación del Gobierno sino que además fue escoltada por la policía en todo momento, incluso cuando se salió del recorrido pactado.
Gritos contra las personas inmigrantes y contra Carlos Palomino- el joven antifascista vecino del barrio asesinado por un militar nazi - en presencia de su madre (que estaba en la manifestación que exigía el fin del fascismo en las calles), fueron la tónica general de la manifestación convocada por el llamado Movimiento Patriota Socialista (MPS), demostrando que su paso por Vallekas fue una provocación intencionada que nada tenía que ver con el lema de su pancarta: “La crisis que sufre el obrero, que la pague el banquero”.
Así, podemos decir que ha quedado demostrado, una vez más, que la utilización de lemas obreristas por parte del fascismo sólo responde a su estrategia para confundir y distorsionar el carácter internacionalista y solidario inherente a la clase trabajadora. Su única intención es provocar y sembrar el odio racial, para lo que han contado con el respaldo del Gobierno y las fuerzas antidisturbios.
Las consecuencias de todo esto han recaído, de hecho, únicamente en las filas del antifascismo madrileño. Más de veinte personas detenidas de forma totalmente arbitraria (siete de ellas menores de edad), duras cargas policiales, criminalización por parte de los medios de comunicación burgueses…
Con todo esto, desde la Unión de Juventudes Comunistas de España en Madrid exigimos:
La puesta en libertad sin cargos de las personas detenidas durante la manifestación antifascista, ya que no se cuentan con las garantías democráticas suficientes para realizar ningún tipo de acusación sobre ellas.
La dimisión de la Delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, por permitir la celebración de esta y de otras manifestaciones fascistas y la apertura de una investigación que señale a los culpables de que la manifestación pudiera salirse inmpunemente del recorrido autorizado.
La prohibición absoluta de manifestaciones o actos públicos que inciten al racismo, la xenofobia, o el fascismo.
Pese a que todo apuntaba a que la provocación del fascismo tendría consecuencias negativas para la convivencia, la marcha racista no sólo fue legalizada por la Delegación del Gobierno sino que además fue escoltada por la policía en todo momento, incluso cuando se salió del recorrido pactado.
Gritos contra las personas inmigrantes y contra Carlos Palomino- el joven antifascista vecino del barrio asesinado por un militar nazi - en presencia de su madre (que estaba en la manifestación que exigía el fin del fascismo en las calles), fueron la tónica general de la manifestación convocada por el llamado Movimiento Patriota Socialista (MPS), demostrando que su paso por Vallekas fue una provocación intencionada que nada tenía que ver con el lema de su pancarta: “La crisis que sufre el obrero, que la pague el banquero”.
Así, podemos decir que ha quedado demostrado, una vez más, que la utilización de lemas obreristas por parte del fascismo sólo responde a su estrategia para confundir y distorsionar el carácter internacionalista y solidario inherente a la clase trabajadora. Su única intención es provocar y sembrar el odio racial, para lo que han contado con el respaldo del Gobierno y las fuerzas antidisturbios.
Las consecuencias de todo esto han recaído, de hecho, únicamente en las filas del antifascismo madrileño. Más de veinte personas detenidas de forma totalmente arbitraria (siete de ellas menores de edad), duras cargas policiales, criminalización por parte de los medios de comunicación burgueses…
Con todo esto, desde la Unión de Juventudes Comunistas de España en Madrid exigimos:
La puesta en libertad sin cargos de las personas detenidas durante la manifestación antifascista, ya que no se cuentan con las garantías democráticas suficientes para realizar ningún tipo de acusación sobre ellas.
La dimisión de la Delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, por permitir la celebración de esta y de otras manifestaciones fascistas y la apertura de una investigación que señale a los culpables de que la manifestación pudiera salirse inmpunemente del recorrido autorizado.
La prohibición absoluta de manifestaciones o actos públicos que inciten al racismo, la xenofobia, o el fascismo.
J.C. Segovia
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